Igual que en España la ley de aborto o la dispensación de la píldora poscoital han acaparado titulares antes y después de los comicios, la anticoncepción está dando mucho que hablar en el año electoral de EEUU. Gobierno e instituciones religiosas, especialmente la Iglesia Católica, se encuentran enfrentados por la ley que obliga a que los seguros privados cubran los anticonceptivos cuando una mujer así lo requiera.
En agosto de 2011 el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EEUU dictaminó, en virtud de la reforma sanitaria de la Administración de Barack Obama, que los seguros privados de salud estaban obligados a cubrir completamente los anticonceptivos.
Como explicaba hace unos días un artículo en la revista 'Virtual Mentor', de la Asociación Médica Americana (AMA), la polémica surge con "la decisión unilateral del HHS de incluir una excepción religiosa". Este movimiento -continúa- "eleva algunas cuestiones, concretamente si es digno [...] y si hace un balance apropiado de las creencias, derechos, obligaciones y necesidades de todas las partes afectadas".
La mera inclusión de esta 'cláusula' es un problema ya que "las empresas religiosas no están exentas [de la observación] del Título VII de protección contra la discriminación sexual", subraya Adam Sonfield, el autor. Pero hay más. La vaga definición que el HHS hace -sólo habla de "empleadores religiosos"- ha dado lugar a interpretaciones extensivas y restrictivas del término que han culminado en la invitación de la Casa Blanca a las instituciones religiosas para sentarse a consensuar la forma en que adoptarán la nueva normativa.
La propuesta de diálogo del Gobierno de Obama pretende apaciguar los ánimos después de que hospitales y universidades de afiliación católica (entre otros organismos) decidieran acogerse a la excepción. Esto desató las protestas de sus trabajadores, lo que obligó a la Secretaria de Sanidad, Kathleen Sebelius, a limitar quiénes podrían objetar.
Los colegios de primaria y secundaria, sí. Universidades, hospitales, organizaciones caritativas y otras entidades, no, independientemente de sus lazos con instituciones religiosas. La fecha límite para adoptar la norma se ha fijado para enero de 2013, siempre que tengan más de 50 empleados, como fija la ley.
"Nosotros no queremos limitar la libertad religiosa de nadie así que vamos a buscar la forma de garantizar a las mujeres los cuidados preventivos básicos que necesitan y de respetar las prerrogativas de las instituciones religiosas", ha declarado en televisión David Axelrod, asesor del Presidente Obama.
Pero la Iglesia Católica no está conforme con la nueva interpretación de la excepción. Durante el pasado fin de semana, clérigos de todo el país han animado a sus feligreses a que protesten contra la norma y presionen para que sea retirada, según informa Reuters. Los líderes republicanos que compiten estos días por representar al partido también han elevado sus críticas.
A pesar de los problemas, el Gobierno no parece dispuesto a retirar una decisión que tomó siguiendo el consejo del Instituto de Medicina y que, según subraya el artículo de 'Virtual Mentor', "está en armonía con numerosos precedentes de los programas federales, como Medicaid, el programa federal de centros cualificados para la salud [...] y concurren con la postura de la AMA".
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